Defensoría del Pueblo identifica a los Compromisos Forzosos de Gestión Compartida como nueva modalidad de acoso político contra mujeres autoridades
A diez años de la promulgación de la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, la Defensoría del Pueblo elaboró un informe que identifica una nueva forma de acoso político contra mujeres autoridades electas: los Compromisos Forzosos de Gestión Compartida (CFGC).
El informe defensorial denominado: “Obligadas a renunciar, Compromisos Forzosos de Gestión Compartida: vulneración a los derechos políticos de las mujeres”, fue presentado este martes por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
“La investigación que ha realizado la Defensoría del Pueblo está vinculada a la obligatoriedad de renuncia emergente de estos Compromisos Forzosos de Gestión Compartida, que vulneran los derechos políticos de las mujeres autoridades concejalas y asambleístas departamentales”, señaló la autoridad defensorial, en conferencia de prensa emitida este martes.
Esta nueva práctica se caracteriza por que se obliga a las mujeres autoridades electas titulares a renunciar a su mandato, luego de un determinado tiempo, que generalmente se produce al cumplirse la primera mitad de ejercicio del cargo. Dicha renuncia habilita al suplente, que generalmente es varón, para que asuma la titularidad, explicó Callisaya.
A partir del estudio defensorial, que incluye información emitida por entidades estatales como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otros, y datos obtenidos a partir de encuestas realizadas a 326 mujeres autoridades electas, se establece que los CFGC atentan contra los derechos políticos de las mujeres, además de ser una amenaza en la consolidación de la democracia paritaria.
Es por ello que, la Defensoría del Pueblo plantea, entre otras medidas, la modificación de la Ley 243, a fin de incorporar los Compromisos Forzosos de Gestión Compartida como un acto de acoso y/o violencia política hacia las mujeres.
El informe también identifica otras vulneraciones contra los derechos políticos de las mujeres autoridades electas, como ser: el no pago de haberes mensuales, el uso de notas modelos para viabilizar las renuncias y el uso de poderes notariales.
Según datos del Ministerio Público, desde la gestión 2012 al 16 de octubre de 2022, se registraron 515 casos de acoso y violencia política, y la gestión 2023, 29 casos a la fecha.
Respecto a los casos que se registraron en la Defensoría del Pueblo, como vulneración a los derechos humanos, entre las gestiones 2014 al 14 de abril del 2023, a través del Sistema de Servicio al Pueblo, se registró un total de 173 casos de acoso y violencia política.
A partir de los hallazgos y del análisis a la información brindada por las instituciones intervenidas y de los resultados de las entrevistas a 326 mujeres autoridades (concejalas y asambleístas departamentales), el informe defensorial concluye en recomendaciones a cuatro instancias del Estado: Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Tribunal Supremo Electoral, la Dirección del Notariado Plurinacional y el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”, a los cuales la Defensoría del Pueblo hace seguimiento.
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