No ordené la muerte de ninguna persona ni en Sacaba ni en Senkata
“Sabemos a estas alturas que ha sido otra persona la que quería incendiar y cercar La Paz”, señaló la exmandataria, que está detenida desde marzo por el caso Golpe de Estado.
La expresidenta Jeanine Áñez aseguró este viernes que no ordenó la muerte de ninguna persona ni en Sacaba (Cochabamba) ni en Senkata (El Alto), donde en noviembre de 2019 se registraron “masacres” que dejaron una veintena de muertos.
“Quiero decir que soy una persona de fe, que no ordené la muerte de ninguna persona ni en Sacaba ni en Senkata ni en Montero. Por el contrario, sabemos a estas alturas que ha sido otra persona la que quería incendiar y cercar La Paz”, afirmó Áñez.
La exmandataria agregó que está cansada de “tanta manipulación de la Justicia y de tantas mentiras” que se dicen en su contra.
No obstante, “fue otra persona la que ordenó quemar muchos domicilios en esta ciudad y los Pumakataris (buses municipales de La Paz). Otros generaron la violencia”, insistió Áñez durante un actuado procesal de la Fiscalía que se instaló en el penal de Miraflores para tomar sus declaraciones informativas dentro de la proposición acusatoria por las “masacres” de Sacaba y Senkata.
Sin embargo, el fiscal superior Gonzalo Aparicio informó que ese actuado procesal de toma declaraciones de Áñez se dio “por concluido” antes de que la procesada responda todas las interrogantes de los investigadores porque decidió acogerse a su derecho al silencio.
La proposición acusatoria, por las “masacres” de Sacaba y Senkata, fue presentada el 1 de julio por un grupo de 20 personas (entre víctimas y familiares) y el lunes se informó que Fiscalía General del Estado admitió los legajos para su investigación.
Las masacres ocurrieron después de que el gobierno de Áñez ordenó la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas para intentar controlar las manifestaciones que protagonizaban los sectores sociales afines al gobierno de Evo Morales. Con ese fin emitió el Decreto Supremo 4078 el 14 de noviembre de 2019, que liberaba de posibles sanciones penales a militares y policías.
El 15 de noviembre, una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba) por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado semanas después, luego de heridas graves.
Cuatro días después, el 19 de noviembre, otra columna de manifestantes fue reprimida en Senkata, El Alto. Otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. Hubo otra decena de fallecidos.
Según informe de la Defensoría del Pueblo, que citó reportes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos fueron a causa de impactos de balas. Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas conjuntas y dijo que los movilizados se mataron entre sí, mientras su colega de Defensa, Luis Fernando López, aseguró que en el caso de Senkata el Ejército “no disparó ni un solo cartucho”.
Sobre ambos hechos luctuosos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que fueron “masacres”.
LA PAZ / 9 de julio de 2021
