Senadores del MAS presentan denuncia para enjuiciar a tres magistrados del TCP por recurso que paralizó las judiciales
Senadores del MAS formalizaron este miércoles una denuncia en la Presidencia de la Cámara de Diputados para llevar a juicio de responsabilidades a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) René Espada, Karem Gallardo y Georgina Amusquivar, por “guardar” durante más de dos semanas la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado Leonardo Ayala, que paralizó por segunda vez el proceso de preselección con miras a las elecciones judiciales.
“Los tres magistrados, de manera malintencionada, burlando los intereses del pueblo boliviano, han incumplido normas adjetivas constitucionales (…). Ellos estaban obligados a sortear el proceso de la Acción de Inconstitucionalidad presentado por el diputado Leonardo Ayala, en forma inmediata, y se la guardaron de manera injustificada, de mala fe por más de dos semanas”, acusó el senador William Torrez, acompañado por sus otros 12 colegas.
El 24 de abril, el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de la resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional 007/2022-2023, de 20 de abril de 2023, que aprobó el reglamento y convocatoria para el proceso de preselección de los postulantes con el fin de conformar, en elecciones, el Órgano Judicial y el TCP.
Espada, Gallardo y Amusquivar admitieron el recurso de Ayala el 27 de abril de 2023 y además determinaron la “suspensión provisional” de la resolución y, por tanto, de todo el proceso de recepción de postulantes al TCP, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Amparado en la norma de procedimiento constitucional, el TCP se tomó los 90 días para emitir su sentencia sobre la acción. El 31 de julio, al filo de ese plazo, los magistrados del TCP declararon inconstitucional el reglamento y la convocatoria aprobados por la Asamblea Legislativa para realizar la preselección de los aspirantes a las elecciones judiciales y determinó que se apruebe por dos tercios de voto la próxima ley y todos los pasos legislativos siguientes para elegir candidatos judiciales.
Por “conexitud” también se declaró inconstitucional la Ley 1513 Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección de Candidatos y Candidatas para la conformación del TCP, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, del 5 de junio de 2023, que acortaba a 160 días todo el operativo: 60 días para la preselección en el Legislativo y 100 para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice las elecciones.
El intento del presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, de encontrar consensos entre el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos para aprobar una ley, no tuvo eco.
Al momento, en la Cámara de Senadores se tiene estancado el proyecto de ley de preselección de candidatas y candidatos, aprobado el 2 de agosto por la Comisión de Constitución.
En tanto, desde el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) garantizaron las elecciones judiciales para el 3 de diciembre y la posesión de las nuevas autoridades el 2 de enero de 2024, siempre y cuando el Legislativo le entregue hasta el 4 de septiembre la lista de los candidatos judiciales.
Sin embargo, senadores como Silvia Salame descartaron que se pueda cumplir ese plazo. “No vamos a entregar las listas el 3 de septiembre, eso es imposible, pero sí podemos entregarlas a fines de septiembre”, arguyó hace unos días.
El artículo 94 de la Ley del Régimen Electoral señala que “para la elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, la convocatoria será emitida con una anticipación mínima de noventa (90) días. La convocatoria deberá garantizar que la elección de nuevas autoridades y representantes, se realice antes de la conclusión del mandato de las autoridades y representantes salientes”.
El mandato de los actuales magistrados fenece en diciembre de este año.
La primera vicepresidenta del Senado, Gladys Alarcón, señaló que se debe “sentar un precedente para que servidores públicos que han sido elegidos para darle certidumbre (al pueblo boliviano) en el tema de la justicia a nivel nacional, (no) cometan irregularidades u obstaculicen un proceso que está constitucionalmente definido”.
Por procedimiento, la denuncia contra los tres magistrados se presenta en la Presidencia de la Cámara de Diputados, “quien remitirá ante la Presidenta o Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados”.
Corresponde a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, mediante el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, promover la acción penal y dirigir la investigación en la etapa preparatoria.
El control jurisdiccional de la investigación en la etapa preparatoria, estará a cargo de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, refiere el parágrafo tercero del artículo 27 de la Ley 044.
ABI / 23-08-2023
